jueves, 21 de febrero de 2013

La por ha de canviar de bàndol



Attac Mallorca
Lo dijo Alfon, el joven vallecano detenido y encarcelado dos meses en régimen FIES por su participación en la huelga general. Lo advirtió a la salida de la cárcel: “El miedo va a cambiar de bando”. Lo cantan también Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus: “El miedo va a cambiar de bando”. Y en terrenos más integrados, lo decía también Izquierda Unida en un vídeo contundente hace unos meses: “La crisis acabará cuando el miedo cambie de bando”.
Es un lugar común, cada vez más repetido: los trabajadores vamos perdiendo por goleada este último asalto de la lucha de clases que hemos dado en llamar crisis; y lo vamos perdiendo por culpa de ese desigual reparto del miedo: todo para nosotros, nada para ellos.
Que a este lado hay miedo, es obvio: miedo a que te despidan, a que te echen de tu casa, a hundirte en la miseria, a perderlo todo y aun seguir debiendo. Y algo más arriba, en la frágil clase media, miedo a descender, a perder un nivel de vida y un bienestar que parecía ya consolidado, miedo al futuro, a qué será de nosotros y de nuestros hijos.
El miedo no suele ser un agente revolucionario, con pocas excepciones (se me ocurre el Gran Miedo francés de 1789, que provocó revueltas y aceleró la abolición del feudalismo). Por lo general las revoluciones son posibles cuando el miedo al presente es mayor que el habitual miedo a cambiarlo todo de golpe y entrar en terra incognita. Si el proletariado fue alguna vez un sujeto revolucionario lo fue más bien por su falta de miedo, por no tener ya nada que perder.
Hoy sin embargo, como recuerda Zizek (Primero como tragedia, después como farsa), “lo que nos une es que, al contrario de la imagen clásica del proletariado, que ‘no tiene nada que perder, excepto sus cadenas’, nosotros estamos en peligro de perderlo todo”. Y esa es otra garantía antirrevolucionaria hoy: que todavía tenemos más miedo al cambio que a la crisis. Conservar lo que todavía tenemos, antes que buscar algo mejor. Lo malo conocido, lo bueno por conocer. Entre otras cosas, porque en el fondo la mayoría seguimos fantaseando con que la salida de la crisis será un regreso a la casilla inicial, como despertar de una pesadilla. Es el deseo dominante, todavía: no ser otros, sino volver a ser los que un día fuimos. No aceptamos que aquellos, como las oscuras golondrinas, no volverán.
Pero retomemos la idea inicial, esa de “el miedo va a cambiar de bando”: si aceptamos que esto va a seguir igual o peor mientras el miedo no se reparta, la pregunta es: ¿cómo lo repartimos? ¿Qué hace falta para que los beneficiarios y administradores de la crisis -la alta burguesía, los grandes empresarios y propietarios, el poder financiero y la clase política dirigente- tengan miedo, sientan esta vulnerabilidad nuestra? ¿Cómo asustar a quienes no solo no están en peligro de perderlo todo, sino que tienen en su mano ganarlo todo?
¿De qué tiene miedo un banquero, un gran propietario, un gran accionista, un dirigente de la patronal, un titular de una SICAV, un consejero delegado (sí, parecen figuritas de un Belén, pero así hemos convenido en retratar al otro bando)? ¿Tienen miedo de nosotros, de nuestras huelgas, manifestaciones, desobediencias, firmas? Hasta ahora, más bien poco, reconozcámoslo. El tradicional miedo a las masas (que arrojaba a la burguesía en brazos del fascismo) no parece hoy impresionarles tanto.
¿Y la clase política dirigente? ¿De qué puede tener miedo un ministro, un comisario europeo, un diputado, un alcalde, un gobernador del Banco de España, una delegada del Gobierno? En democracia, la respuesta debería ser: miedo a los gobernados, miedo al pueblo soberano, miedo a ser censurados, cesados, apartados del cargo; miedo a no ser reelegidos, a ser derrotados en las próximas elecciones. Y en una estafa como la actual, además, miedo a ser investigados, acusados, juzgados, condenados, encarcelados.
Sin embargo, en España la alta política es un deporte de bajo riesgo y que además se practica con red. Para empezar, cada vez más miembros de la clase política pertenecen a la clase alta en términos económicos, al menos eso dicen sus declaraciones de bienes. Pero además, entre ellos el riesgo de caída es pequeño, y la posibilidad de llegar al suelo es escasa. El cesado o dimitido es inmediatamente recolocado en otro puesto, o acomodado en uno de los muchos cementerios de elefantes; el derrotado es bien pagado por la empresa privada en algún consejo de administración; el imputado sigue contando con el favor del partido; el investigado se beneficia de una justicia lenta y cruzada de intereses y complicidades, que facilita prescripciones, archivos y absoluciones; y el condenado es sistemáticamente indultado, como última red de seguridad para que nadie se haga daño en caso de que todo lo anterior falle.
Arriba no hay miedo, porque hay poco riesgo de caída. Entre la clase propietaria y la clase política dirigente, en el seno de ambas y en cada una respecto a la otra, funcionan mecanismos de protección y rescate muy fuertes. Llamémoslo por su nombre: solidaridad. Sí, suena raro, parece impropio, pero en la clase alta opera una poderosa solidaridad de clase. Sus miembros son solidarios con su clase, defendiendo sus intereses; y su clase es solidaria con cada uno de sus miembros, no los deja caer. Duele decirlo, pero durante los últimos años la solidaridad de clase, esa que flaqueaba entre los trabajadores, brillaba con fuerza en los pisos de arriba. Los revolucionarios del final del siglo XX fueron los neoliberales, y para su revolución no descuidaron uno de sus pilares esenciales, sin el cual no hay revolución posible: la solidaridad de clase.
Que el miedo cambie de bando, que los de arriba sientan el miedo que hoy sentimos nosotros, no parece fácil por esa red de seguridad que han tejido, tupida por intereses cruzados, objetivos comunes, complicidades. Se me ocurre que sería más sencillo dejar de tener miedo nosotros. Como vasos comunicantes, cuanto menos tengamos nosotros, más tendrán ellos. Y para eso, hay que reconstruir por abajo nuestras propias redes de seguridad, nuestras propias formas de cuidarnos, de sujetarnos, de rescatarnos; hasta que sean tan fuertes como las suyas. Nuestra solidaridad de clase.

miércoles, 20 de febrero de 2013

POR UN CONVENIO GENERAL DE CATALUNYA

Convocatoria para la asamblea y posterior concentración  de
delegadas/os que se celebrara el próximo dia 4 de marzo a las 10:30 en los
locales del sindicato Via laietana 16, Barcelona.

Hay que realizar una asamblea muy numerosa y por tanto tenemos que asistir
todos los delegados/as para darle una respuesta contundente a la
patronal tanto en la asamblea como en la concentración posterior para que
tome nota de las reivindicaciones que demandamos.

POR UN CONVENIO GENERAL DE CATALUNYA, NO FALTES A LA ASAMBLEA Y
CONCENTRACION DEL PROXIMO DIA 4 DE MARZO.



CASTELLANO          CATALÀ          CONVOCATORIA

martes, 19 de febrero de 2013

Trobada reivindicativa i lúdica per l´educació pública



COMUNICAT A LA CIUTADANIA

“L’Educació pública, la de totes i tots”


Enguany les entitats que conformen el MUCE – marc unitari de la comunitat educativa- a nivell de Catalunya animen a promoure i organitzar una Diada de l’Educació Pública a barris i localitats.   

Per aquest motiu i a partir de les reunions d’escoles i instituts es va fer la  proposta de crear a Terrassa la Comissió en Defensa de l'Educació Pública,  en la que hi participin pares, mares, docents, esplais, moviments de renovació i tot tipus d’entitats que eduquin.


Per començar el 26 de febrer a les 18:30 hi haurà un debat entorn de la LOMCE, en el que comptarem amb en Ramon Plandiura, expert en temes legislatius. Es farà als locals del C/ Sant Isidre, 29.


L’altra acció que planteja aquesta comissió és la creació de la Diada per l'Educació Pública, que tindrà lloc el dia 3 de març al parc de Vallparadís sota el Torrent de les Bruixes, a les 11h del matí.


L’objectiu és que sigui una diada reivindicativa en front de la situació actual de l’Educació i alhora un espai de trobada lúdic on petits, joves i grans puguem mostrar i reivindicar la riquesa i el valor de l’educació pública tot manifestant el nostre rebuig a la LOMCE i a la situació que estem patint.
Per tal d’organitzar-la ens cal l’ajut de tothom, perquè tots som escola, tots som comunitat educativa. L’ideal és que de cada centre hi hagi algú del claustre, de l’AMPA, estudiants, monitoratge d’esplais, escoles bressol... i que organitzi una activitat per tal de participar de forma activa en aquesta Diada.


COMISSIÓ DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Taula rodona sobre els efectes de la reforma laboral


Companyes i Companys

us coonvidem a assistir a la taula rodona que organitza ERC de Terrassa per valorar els efectes de la reforma laboral.

viernes, 15 de febrero de 2013

Sobre les no pujades salarials i el conveni


Companyes i Companys

L´acord al qual sindicats i patronal del metall  van arribar l´any passat referent a l´augment de sou que marcava el conveni, va establir que, tot i que les taules signades reflectien, segons la categoria professional, un augment d´entre un 4 a un 5 % per l´any 2012, s´acordava, per tal de desbloquejar la negativa de la patronal a fer-lo efectiu, una pujada del 2%, i s’endeutava per aquest any 2013 la diferència, tenint com a referencia la dada real de l´ IPC. Una vegada conegut aquest ( 2.9%) l´augment compromès per aquest any 2013 es situa entorn al 2.3- 2.5%.
La vigència del conveni del metall de la província de Barcelona, el qual ens regeix, va acabar al desembre de 2012. La reforma laboral elimina la prevalença dels convenis provincials i té com a principal objectiu establir majoritàriament els convenis d´empresa, amb la dificultat i la pèrdua de condicions laborals que això suposa, al traslladar la negociació a l´entorn de cada empresa. Degut a aquesta situació, les direccions sindicals han emplaçat, tal i com us vam informar recentment, a la patronal del metall a una taula de negociació per  establir un conveni a nivell autonòmic que serveixi de base i sigui la referencia de mínims sectorial. La idea és que aquest conveni sigui la regulació mínima del sector i s’estableixi com a dret supletori dels conveni i pactes d’empresa. Durant el procés de negociació s’intentarà mantenir les regulacions actuals, per tal que cap treballadors perdi condicions laborals. 
Hem de tenir en compte que al setembre acaba l´ultraactivitat del conveni (període de vigència d´un conveni caducat fins que es signa el següent). La reforma laboral, que PP i CIU van imposar ha reduït a 1 any aquest temps de marge.  Això vol dir que si al setembre no s´ha pactat cap conveni autonòmic, passarem a perdre totes les condicions laborals i salarials del conveni del metall, i  haurem de negociar directament amb l´empresa, partint de  les  condicions mínimes  que marca l´estatut  dels treballadors,   perquè us feu una idea, el punt de partida en quant a salari es el salari mínim interprofessional.
La patronal ho te clar, esperar, no aplicant els augments als que es van comprometre, i despenjar-se del conveni al·legant pèrdues o baixada de facturació.
Nosaltres, com a treballadors i treballadores d´UNIDESA també ho hem de tenir clar, i hem de pressionar amb la força que ens dona una afiliació potent i una plantilla que ha demostrat que es mobilitza quan cal i que paralitza l´activitat si fa falta per no perdre allò que ens pertany: drets laborals i salarials. Ens juguem molt i hem de sumar esforços i actuacions conjuntes amb els milers de companys i companyes d´Industria.

jueves, 14 de febrero de 2013

Cartell 8 de Març

Os adjuntamos el cartel del próximo 8 de Marzo

Dona, reacciona i actua! #nocallis

Cartell

Bons solidaris pel dia Internacional de la dona


Companys i companyes

el  8 de març es commemora com cada any el dia internacional de la dona, i CCOO que organitza des de fa més de 15 anys  un sopar solidari ens convida a assistir a tots i totes.

El sopar es fa a Sabadell i el tiquet té un preu de 15 Euros. A més si no podeu assistir-hi, podeu comprar bons solidaris d´1 Euro per col·laborar en projectes d´ajuda i desenvolupament d´organitzacions de dones a Hondures.

Per més informació i comprar els tiquets i/o els bons dirigiu-vos al company Sergi Martínez.

Gràcies

miércoles, 13 de febrero de 2013

lunes, 4 de febrero de 2013

¿Para qué sirven las privatizaciones?


Publicado en Sistema Digital el 31 de enero de 2013
Las políticas neoliberales se presentan casi siempre revestidas de argumentaciones sofisticadas y bien difundidas gracias a la generosa financiación de los grandes grupos financieros y empresariales a grupos mediáticos y de investigación, a académicos, economistas y periodistas que se encargan de crear opinión favorable a las medidas que toman los gobiernos. Sin embargo, las evidencias empíricas que pudieran demostrar la veracidad de esos argumentos con prácticamente nulas en casi todos los casos. En estos momentos estamos sufriendo una nueva amenaza al bienestar social y a la eficiencia económica que igualmente se trata de justificar como imprescindible y positiva con argumentos que una vez más carecen de fundamento y realismo.

Me refiero a la nueva fase del proceso privatizador que en España comenzó a mediados de los años ochenta del pasado siglo, que ha ido dejando unas secuelas lamentables en nuestra economía y que ahora se dirige hacia servicios públicos esenciales en el sector sanitario y educativo.
De 1984 a 1996 se llevaron a cabo unas 70 operaciones de privatización de empresas públicas mediante distintos tipos de procedimientos, generalmente orientadas a abrir su capital a los intereses privados y casi siempre justificadas por la necesidad de ajustarse a lo establecido en las normas y directivas de la Unión Europea, a la que nos incorporábamos en esos años.
Más tarde, y hasta el final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se entró en una segunda fase, muy distinta, más radical y orientada a desmantelar la práctica totalidad del sector público empresarial español para ponerlo en manos del capital privado. Y ahora, como he dicho, se trata de hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas.
Esto último era algo difícil de justificar en años anteriores, dado el alto aprecio que la población tiene por esos servicios, pero ahora se puede utilizar la crisis y los problemas de la deuda pública para argumentar que es algo imprescindible para resolverlos.
Este argumento se une a los que siempre se han dado para llevar a cabo las privatizaciones: que hay que acatar las normas europeas, que es imprescindible vender para proporcionar recursos al Estado y que, además, al hacerlo se dispondría de los mismos bienes o servicios a menor precio y con mayor calidad y eficacia.
Los medios de comunicación e incluso muchas revistas académicas están llenas de textos dirigidos a justificar y desarrollar estas tres ideas pero, como señalé al principio, la evidencia empírica muestra claramente que no tienen mucho fundamento y que no reflejan la realidad de lo que sucede cuando se privatizan empresas o servicios públicos.
Es verdad que la Unión Europea ha impuesto un adelgazamiento del sector público (con el mismo objetivo que en España) pero no lo es menos que aquí se ha llegado más lejos innecesariamente, con el único propósito de satisfacer en mayor medida a los grupos privados interesados en quedarse con la antigua propiedad pública.
Buena prueba de ello es que en otros países aún perviven empresas públicas en sectores estratégicos que en
España han sido desmantelados.
Tampoco es verdad que las privatizaciones sean una fuente de ingresos netos para los Estados. Son, por el
contrario, un negocio ruinoso. Las que se llevaron a cabo de 1984 a 1996 reportaron un total aproximado de 13.200 millones de euros, y las que se realizaron de este último año a 2007, unos 30.000 millones. La prueba de que fueron operaciones nefastas para los intereses del conjunto de la sociedad española es que solo cuatro empresas en su día privatizadas (Telefónica, Gas Natural, Endesa y Repsol) obtuvieron en un solo año, 2011, unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros, y todas las de energía y telecomunicación más de 12.000. Si a ello se le suman los que hubieran proporcionado los antiguos bancos públicos y las demás empresas privatizadas, es fácil deducir que lo que ha producido su traspaso a manos privadas es una extraordinaria merma en los ingresos del Estado.
Finalmente, tampoco es cierto que la privatización haya generado más competencia. En realidad, se ha
reproducido el mismo mercado de carácter oligopolista, ineficiente y caldo de cultivo de grandes acuerdos para imponer precios a los consumidores. La prueba la tienen mes a mes todos los españoles cuando pagan las tarifas que suelen estar entre las más elevadas de toda Europa.
Y tampoco es cierto que la privatización vaya acompañada de mejor calidad en el servicio. Por el contrario,
diversos estudios han demostrado que las política de privatizaciones están asociadas al aumento de la mortalidad por abuso de alcohol, enfermedades cardiovasculares, suicidios y homicidios, especialmente entre hombres. Y está bien demostrado que llevan consigo la disminución del número de médicos, dentistas y de camas cuando se llevan a cabo en el sector hospitalario.
Los estudios empíricos que se han llevado a cabo en España, como el de las profesoras Laura Cabeza y Silvia Gómez Ansón, demuestran que las antiguas empresas públicas no han registrado “mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo” después de haber sido privatizadas (“Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial”, ‘Estudios de economía aplicada’, vol. 27-2, 2009, p.20).
Los resultados de las privatizaciones han sido simplemente el beneficio de los grupos privados que adquirieron la propiedad pública a bajo precio. No hay rentabilidad social en ellas y en realidad constituyen un vergonzoso expolio al conjunto de la sociedad. Por eso urge que en España se lleve a cabo una  investigación profunda de las privatizaciones realizadas, de las condiciones en que se efectuaron, de sus beneficiarios y de lo que éstos dieron a cambio a quienes las aprobaron y ejecutaron, que no ha sido poco, como puede comprobarse casi a diario cuando se tienen noticias de la corrupción tan generalizada en los partidos que las impulsaron. Ningún robo debe quedar impune y es un elemental deber de ejercicio democrático que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho con su patrimonio, así como castigar a los culpables de su dilapidación en manos de grupos privados amigos.