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Eina Jove nº2

Austeridad o crecimiento, una alternativa que no resuelve los problemas de Europa

07 may 2012 | DIARIO PÚBLICO

Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Las políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo son un fracaso sin paliativos: han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda, las asimetrías y el paro, están destruyendo la cohesión social de Europa y derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas, destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión, producen un alejamiento, quién sabe si definitivo, entre la población y las autoridades políticas, y están dando alas a la extrema derecha fascista y neonazi que los banqueros y grandes industriales siempre han azuzado en épocas de crisis.
No hay ninguna experiencia histórica ni evidencia empírica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la que estamos (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menos gasto, de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo lleva a la depresión y al desastre.
La ceguera ideológica de las autoridades políticas y de los economistas que marcan el camino les impide reconocer esta realidad. Y su sumisión a los poderes financieros (solo interesados ahora en aprovechar la crisis para acrecentar sus privilegios) les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder ya omnímodo que está liquidando a las de por sí débiles democracias que se permite el capitalismo de nuestra época.
Los recortes en educación, investigación, innovación, en infraestructuras vitales y en prestaciones sociales solo van a traer años de atraso y una inestabilidad social de terribles precedentes en Europa.
Tan rotunda es la evidencia de todo ello, que desde hace semanas se empezaron a abrir grietas en los bloques políticos dominantes y a filtrarse la idea de que es imprescindible poner fin a esta barbaridad política y económica. La presión de movimientos sociales, de economistas críticos o incluso de las personalidades más sensatas del propio establishment ha contribuido decisivamente a ello y la victoria del socialista Hollande en las elecciones francesas posiblemente sea lo que definitivamente obligue a poner en cuestión las políticas de austeridad.
Pero la alternativa que se está difundiendo frente a ellas es insuficiente e inadecuada: la del crecimiento. Una estrategia que ya ha demostrado que puede ser muy perversa y poco útil si no se matiza claramente lo que implica y a dónde queremos que nos conduzca.
Frenar los recortes de gasto público y en general todas las políticas de austeridad que están impidiendo que se regenere el privado y se recobre el pulso económico es una precondición indispensable para que en Europa se vuelva a crear empleo y para garantizar estándares mínimos de bienestar y protección a toda la población. Pero se trata solo de una precondición para evitar el desastre. Para conseguir que no vuelva a producirse otra crisis mayor y con peores perturbaciones y daños que los que ahora estamos sufriendo hacen falta más cosas.
No basta con hacer que crezca el Producto Interior Bruto de cualquier forma ni con inyectar más dinero aún de cualquier modo.
Aunque la crisis se desencadenó en su superficie por la desregulación financiera y por las estafas continuadas que cientos de bancos llevaron a cabo con la anuencia de las autoridades, sus causas profundas (las que la hicieron sistémica) y las que volverán a provocarla de nuevo si no se resuelven, son otras: la gran desigualdad que deriva rentas sin cesar a la especulación financiera, la utilización intensiva y despilfarradora de recursos naturales y energía que rompe la armonía básica y los equilibrios imprescindibles entre la sociedad y la naturaleza, y una progresiva degeneración del trabajo que empobrece a la población y al tejido empresarial y que frena la innovación y el incremento de la productividad.
Sin afrontar todo eso, promover de nuevo el crecimiento del producto interior “a lo bruto”, a base de gasto público e inyectando recursos para la creación de más infraestructuras y para la provisión de más servicios públicos puede frenar la deriva a la depresión en la que nos encontramos, como ya ocurrió con los planes de estímulo, pero será sin duda ago insuficiente y que terminaría provocando problemas aún más graves que los que tenemos.
El crecimiento entendido como un objetivo en sí mismo, sin más matizaciones, medido a través de un indicador tan perverso como el PIB y sin tener en cuenta los costes sociales, ambientales y antropológicos que lleva asociados, favorece la acumulación y volverá a dar buenos beneficios a ciertas ramas del capital, además de generar algo más de empleo y bienestar. Pero, en esas condiciones, éstos últimos no serán los suficientes para alcanzar niveles mínimos de estabilidad y satisfacción social, como demuestra la experiencia vivida en los últimos treinta años, ni con ello se podrá evitar volver a las andadas más pronto que tarde.
Lo que Europa necesita no son planes de crecimiento del PIB sino una estrategia global para la igualdad, el bienestar y la responsabilidad ambiental basada en la promoción de nuevos tipos de actividad, de propiedad y de gestión empresarial, en la generalización del empleo decente, en el uso sostenible de las fuentes de energía y de los recursos naturales que modifique radicalmente el actual modelo de metabolismo socioeconómico, y en la promoción de una ciudadanía democrática, plural, protagónica y cosmopolita. Y también, valga la paradoja, basada en la austeridad pero en lo que ésta tiene de respeto al equilibrio natural y personal y al buen uso de los recursos, y de rechazo al despilfarro; pero no de renuncia a los derechos sociales y a la igualdad, como la entienden los neoliberales.
Y además de ello, son imprescindibles reformas políticas e institucionales que frenen el poder de los grandes grupos oligárquicos y que permitan que las autoridades representativas sean quienes de verdad adopten las decisiones en función de los mandatos de la mayoría social en un marco de una auténtica democracia. Sin crear un auténtico poder público en Europa, sin someter la actuación del Banco Central Europeo a las exigencia de los intereses sociales y sin acabar con su complicidad con los intereses bancarios privados, sin sanear el sistema financiero europeo declarando la financiación de la vida económica como un servicio de interés público esencial, nacionalizando los bancos que no se sometan a él y fomentando nuevos tipos de finanzas descentralizadas y de proximidad, sin disponer de un auténtica hacienda europea y sin replantear el diseño de la unión monetaria, por no mencionar sino las cuestiones más urgentes, Europa seguirá balanceándose irresponsablemente al borde del precipicio y las llamadas al crecimiento solo servirán, si se me permite la expresión, poco más que para marear a la perdiz y engañar otra vez a los pueblos.
La cuestión que hay que poner sobre la mesa en Europa no es si recortamos un poco menos los gastos e inyectamos algo más de recursos a las mismas actividades e infraestructuras de siempre (otra vez carreteras, viviendas, más trenes de alta velocidad… y siempre casi todo en masculino), sino si rompemos o no con el poder de las finanzas privadas y de las grandes corporaciones empresariales y oligárquicas que nos dominan y que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos.

Hollande: Renegociación del pacto fiscal e impuestos de hasta el 75%

La renegociación del tratado presupuestario europeo (pacto fiscal) para añadirle medidas de crecimiento es su gran iniciativa del candidato socialista

El programa del socialista François Hollande contiene 60 medidas para cambiar a Francia. El empleo de los jóvenes, la justicia social, y la igualdad de derechos para los homosexuales son algunas de las prioridades. Además, propone sendas reformas fiscal y bancaria. La renegociación del tratado presupuestario europeo (pacto fiscal) para añadirle medidas de crecimiento es su gran iniciativa europea. Y su medida más llamativa, la tasación del 75% para los ingresos superiores al millón de euros.

Desempleo. Los socialistas aspiran a crear 150.000 empleos de futuro en los barrios populares, y 500.000 “contratos generacionales”. Las empresas que contraten a un joven y mantengan a un trabajador veterano durante tres años no pagará las cotizaciones sociales. Además, promete aumentar los costes de los despidos colectivos a las compañías que obtengan beneficios, introducir el diálogo social en la Constitución, y aumentar las cargas sociales a las empresas que abusen de los contratos precarios.

Poder adquisitivo. El salario mínimo se actualizará cada año según el crecimiento del PIB y no sobre la inflación. Ganarán un 30% menos el presidente y los ministros, y se ajustará el sueldo de los dirigentes de empresas públicas. Subirá un 25% la ayuda estatal a la vuelta al colegio.

Pensiones. Regresa la jubilación a los 60 años (Sarkozy la elevó a 62) para quienes hayan cotizado 41,5 anualidades, y el mayor gasto se cubrirá subiendo 0,1 puntos anuales las cotizaciones salariales y empresariales.

Déficit público. Hollande promete bajar el déficit al 3% en 2013 y llevarlo al equilibrio en 2017.

Fiscalidad. Una de las grandes prioridades. Se anularán las exenciones fiscales a los ciudadanos más ricos para recuperar 29.000 millones de euros. El Tesoro francés renegociará los acuerdos bilaterales con Suiza, Bélgica y Luxemburgo para poder cobrar impuestos a los exiliados fiscales. Se introducirá un nuevo tramo del 45% para las rentas superiores a 150.000 euros anuales, y una tasa del 75% para los ingresos que sobrepasen el millón anual. Se suprimiría la exoneración fiscal a las horas extra, salvo a las empresas muy pequeñas, y se crea un nuevo impuesto de sociedades: 35% a las grandes empresas, 30% a las medianas y 15% a las pequeñas.

Banca y finanzas. La reforma bancaria separará a los bancos de depósito y de inversión, prohibirá a las entidades tener actividad en paraísos fiscales, y subirá un 15% el impuesto sobre los beneficios. Además, se prohíben las stock options y se regularán los bonos. La tasa a las transacciones financieras se dedicará a la ayuda al desarrollo y a luchar contra el cambio climático (empezando con tres o cuatro países).

Educación. Hollande promete contratar a 60.000 profesionales de educación en cinco años, reducir a la mitad el fracaso escolar, revalorizar los salarios de los profesores y tocar la ley de autonomía universitaria para dotar de más democracia a los liceos. Otras ideas: construir 40.000 viviendas nuevas para estudiantes, y abrogar la circular Guéant que prioriza la contratación de estudiantes nacionales sobre los extranjeros.

Derechos. El derecho de matrimonio y adopción para las parejas homosexuales y la ley de eutanasia son dos de las medidas faro.

Instituciones. Hollande planea revisar el estatuto penal del Presidente de la República. Los antiguos presidentes de la República no podrán formar parte del Tribunal Constitucional, y los funcionarios públicos condenados por corrupción no podrán ejercer durante diez años. Se suprimiría el Tribunal de la República que juzga a los ministros, y se aprobaría una ley contra la acumulación de cargos públicos.

Barriadas desfavorecidas. Habrá ventajas en el acceso a los empleos jóvenes, una filial de la banca pública de inversión dedicada a los barrios más pobres, y una nueva policía de proximidad.

Energía. Hollande se compromete a reducir la cuota nuclear en la producción de electricidad pasándola del actual 75% al 50% en 2025. Promete tarifas progresivas para agua, luz, y gas; bloqueo de los precios de la gasolina durante tres meses, y más energía renovable.

Europa. Renegociar el tratado presupuestario y promover un nuevo pacto de responsabilidad, gobernanza y crecimiento para salir de la crisis es la gran amenaza para Merkel, junto al nuevo papel del Banco Central Europeo para privilegiar el empleo y el crecimiento, y la creación de eurobonos para mutualizar la deuda europea. Hollande quiere que los presupuestos europeos de 2014-2020 estén al servicio de grandes proyectos de futuro, y promete una agencia de calificación europea.

Inmigración. Habrá un debate anual en el Parlamento para decidir el número de inmigrantes necesarios. Las peticiones de asilo se resolverán en seis meses, y solo se regularizará “caso por caso” a los inmigrantes ilegales.

ILP a favor de la 'Dación en Pago'

Ya podéis pasar por la sede de CCOO Terrassa (C/Unió 23) a firmar en apoyo a la 'Dación en pago'.
Más info en:

http://www.quenotehipotequenlavida.org/

I Congrés de la Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya.

El I Congrés de la Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya se celebrarà els pròxims 30 de novembre i 1 de desembre a la ciutat de Barcelona. Així ho ha acordat el Consell de la FI.CCOO.CAT reunit en sessió plenària el dia 27 d'abril, que va aprovar per unanimitat la CARTA DE CONVOCATÒRIA.

Amb aquest tràmit es dóna el tret d'inici del procés congressual de la Federació, en el marc del qual escollirem la nova direcció de l'organització, i també els nostres i les nostres representants als congressos de Catalunya i estatals. La celebració d’aquest Congrés serà també la culminació de tots els processos de conferències i congressos de les nostres seccions sindicals i dels nostres sindicats comarcals i intercomarcals, que començaran el pròxim 1 de setembre, en què els més de 29.000 afiliats i afiliades de la nostra Federació hauran de prendre part en el debat dels diferents nivells de participació en què s'organitza el procés congressual.

La teva opinió ens interessa!

La FI.CCOO.CAT volem obrir un ampli procés participatiu per a l'elaboració de les propostes sobre l'estratègia sindical i el nostre model organitzatiu, tenint en compte el context actual i les seves implicacions per a la classe treballadora. És per això que us demanem que ens envieu les vostres reflexions i propostes, que farem arribar a la comissió de redacció dels documents congressuals, per a la seva incorporació al debat del Congrés. I per això posem a la vostra disposició aquesta adreça de correu: aportacionscongresindustria@ccoo.cat.

Dos verdades cuestionables

Los recortes no son ni inevitables ni imprescindibles ni están siendo equitativos

Juan Carlos Rodríguez Ibarra 4 MAY 2012 - 00:07 CET  en  EL PAÍS

El pasado 3 de abril, Cristóbal Montoro entregó los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados con un ajuste en los gastos (excluidas partidas comprometidas como intereses, financiación de Administraciones Territoriales, pensiones de clases pasivas, etc.), del 1,7% del PIB, es decir, equivalente a 18.500 millones de euros. Sólo seis días después, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien previamente había afirmado solemnemente aquello de le voy a meter la tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación, anunciaba un recorte de nada menos que 10.000 millones en estas dos últimas partidas, las cuales pasaban, de forma fulminante, de ser intocables a principales agraciadas en el triste premio gordo de la poda. ¿Cómo calificarlo? ¿Engaño, improvisación? Y Zapatero sin dimitir… Por cierto, nuestra prima de riesgo, lejos de moderarse, escaló al día siguiente de los 402 a los 434 puntos, poniendo en duda, una vez más, el supuesto efecto apaciguador que sobre la misma tiene este tipo de tratamiento.
Tras aprobar el Consejo de Ministros en su reunión del día 20 las duras medidas en que se concretan tales recortes, la vicepresidenta, en rueda de prensa, las defendió con dos argumentos principales que expuso con didáctica serenidad, como si se tratara de dos verdades irrefutables. La primera, que tales recortes son inevitables e imprescindibles, dada la situación. La segunda que, siendo esto así, lo importante es que con estas decisiones el esfuerzo se reparte entre los ciudadanos equitativamente. Pues bien, permítanme que cuestione tanto lo uno como lo otro. Y no me entiendan mal, soy tan consciente, como el que más, de la imperiosa necesidad de reducir nuestro déficit público, y que habría que hacerlo incluso aunque no se nos demandara desde Bruselas, Berlín o donde quiera que sea. Lo que es discutible, al menos, es la forma de reducirlo.
Parece haberse olvidado algo tan obvio como que el déficit no es más que el resultado de la diferencia entre dos magnitudes: los ingresos y los gastos. Tanto nuestro Gobierno como las instituciones comunitarias e internacionales, centran toda su atención y sus dolorosas medidas en lo concerniente al gasto público y, en especial, en la parte del mismo que realiza la función redistributiva dentro de nuestra sociedad, como si en él, y de forma exclusiva, radicará el origen del problema y, por consiguiente, su solución. Sin embargo, déjenme poner sobre la mesa algunos datos:
Según los que acaba de publicar el 23 de abril la oficina estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT), referidos a 2011, el porcentaje que representaba el gasto público sobre el PIB era por término medio de un 49,1% (49,3 en la zona euro). Alemania, por ejemplo, presentaba un 45,6, Italia un 49,9 y Francia un 55,9. ¿Dirían ustedes, entonces, que un país que presentara un porcentaje de gasto respecto a su PIB del 43,6 tendría un grave problema con su nivel de gasto público? ¿O sólo lo dirían si, como ocurre en este caso, se trata de España? Por cierto, el endeudamiento de nuestro país al final de ese mismo año, según la misma fuente, era del 68,5%, frente al 87,2% de media en los países de la zona euro.
Veamos ahora el otro componente, es decir, los ingresos. Pues bien, resulta que, también según EUROSTAT, en 2011 el porcentaje que representaban los ingresos públicos respecto al PIB era, por término medio, en la Unión Europea del 44,6% (45,7% en la zona euro), mientras que en España, y sin que ello signifique en absoluto que nuestros tipos impositivos y cotizaciones sociales sean más bajos, se reducía al 35,1%. Esta diferencia aún era mayor si la comparación se hacía con los tres países citados anteriormente (Alemania 44,7, Italia 46,1 y Francia 50,7). Traduciendo a román paladino, y teniendo en cuenta que nuestro actual PIB es ligeramente superior al billón de euros, esto quiere decir que, si España consiguiera alcanzar un nivel de ingresos públicos simplemente parecido al de los países de nuestro entorno, y no veo por qué esto tiene que ser necesariamente imposible, se dispondría cada año de unos recursos adicionales superiores a 90.000 millones de euros. Comparen esta cantidad con los algo más de 28.000 millones de euros que nos ahorramos con los dolorosos recortes del gobierno Rajoy.

El fraude fiscal no está en el código genético de los españoles como suponen algunos

Estas cifras se aproximan además, curiosamente, a las que se desprenden del análisis realizado recientemente sobre el fraude fiscal en España por la consultora i2 Integrity, según la cual éste ascendería a 70.000 millones de euros al año, de los cuales, a su vez, y según un informe del sindicato de los Técnicos de Hacienda, el 71% correspondería a grandes fortunas y grandes empresas.
¿Se comprende ahora que, al menos, sea cuestionable que los recortes en educación y en sanidad sean inevitables y que el esfuerzo se esté repartiendo equitativamente entre todos los españoles?
El pasado 17 de agosto de 2010 el periódico Expansión decía en un titular: No se deje engañar: los españoles, entre los europeos que más impuestos pagan. Para no dejarme engañar he vuelto a los datos publicados recientemente por EUROSTAT respecto a los ingresos de los países miembros de la zona Euro, dando por supuesto que España estaría entre los países que más ingresan a notable distancia de aquellos que en nuestro país mantienen la fama de que sus ciudadanos no pagan impuestos en la medida en que lo hacen el resto de ciudadanos europeos. En España, como ya se ha dicho más arriba, los ingresos recibidos con respecto al PIB, representa el 35,1%, mientras que en Grecia, esos ingresos representan el 40,9%, es decir, 5,8 puntos porcentuales más que en España. En Italia, esa cifra llega al 46,1%, o sea, 11 puntos porcentuales más que en España. En Portugal, otro país intervenido, el porcentaje de ingresos alcanza la cifra del 44,7%, 9,6 puntos porcentuales más que España. Hasta Irlanda, con el 35,7% supera a España en seis décimas en su porcentaje de ingresos. Sorprendentemente, sólo Bulgaria, Lituania, Rumanía y Eslovaquia, países que vienen de un sistema político y económico diferente al nuestro, se sitúan por debajo de España en el ranking de los 27 países que conforman la Unión Europea.
Y si las cosas son así, ¿cuáles son las razones que impiden a los gobiernos —antes PSOE y ahora PP— tomar las medidas conducentes a evitar que a las dificultades inherentes a la crisis se sumen las injusticias que suponen la rebaja en el Estado del bienestar por no combatir el fraude? El fraude fiscal no está en el código genético de los españoles como suponen algunos, que pretenden justificar el fraude con la genética. Hay unos cuantos ejemplos en España que desmienten lo de la genética. Durante muchos años, los responsables de tráfico se manifestaban impotentes a la hora de disminuir las cifras de muertos por accidentes de circulación. También, entonces, se acudía a la genética para eludir responsabilidades y para no adoptar medidas que taponaran esa herida que cada año sangraba más. Bastó con que se adoptaran medidas sancionadoras de cierta dureza para que nuestros genes cambiaran como por arte de magia cuando supimos que podíamos quedarnos sin permiso de conducir o ir a parar con nuestros huesos a la cárcel por hacer lo que hacíamos antes al volante. Cuando fueron modificadas las leyes y la autoridad competente decidió cortar por lo sano, se acabó el cuento y disminuyeron los accidentes y los muertos en los mismos. ¿Por qué no seguir ese mismo ejemplo a la hora de acabar con la genética defraudadora?

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es ex presidente de la Junta de Extremadura.