jueves, 10 de mayo de 2012
Sacando el jugo a la Reforma Laboral
Pobre de aquel que enferme...
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Los derechos sindicales son la principal garantía para el trabajo decente en el mundo
Joaquim González Muntadas | Secretario General de FITEQA CCOO
nuevatribuna.es | Actualizado 10 Mayo 2012 - 07:30 h.
Vivimos tiempos preocupantes en los que a diario sufrimos iniciativas políticas y legislativas que golpean los derechos laborales, sociales y sindicales; tiempos de reformas laborales que refuerzan el autoritarismo empresarial y debilitan a las organizaciones sindicales como instrumentos democráticos de representación colectiva de los trabajadores y trabajadoras; tiempos en los que los sectores más reaccionarios confunden sus deseos con la realidad y afirman la superación de las organizaciones sindicales; tiempos donde poderosos sectores económicos y políticos no regatean esfuerzos para debilitar la negociación colectiva como fuente de regulación en las relaciones laborales en las empresas y sectores.
Pero también vivimos tiempos de esperanza: la iniciativa sindical internacional está a punto de culminar en Copenhague los próximos días 19 y 20 de junio el proceso de construcción de la nueva Federación Sindical de Industria Mundial (“IndustriALL Global Union”) que será el resultado de sumar y unir a los sectores industriales que hoy organizan las actuales Federaciones Sindicales Internacionales del Metal, la Industria Química y Energía y los sectores del Textil y Piel. Una nueva Federación Internacional de Industria que nace con el objetivo de reforzar la acción sindical global, y con ello mejorar y equilibrar la interlocución del sindicalismo con las grandes empresas y grupos industriales multinacionales en la economía global.
Tiempos donde cobra especial relevancia todo avance de la negociación colectiva que refuerce al sindicato como vehículo democrático de representación de los intereses de los trabajadores en todos los rincones del mundo. A ese objetivo responde el acuerdo firmado el 4 de mayo en Arteixo en el Grupo INDITEX y la Federación Sindical Internacional del Textil-Vestuario y Cuero (ITGLWF) y en el que FITEQA-CCOO hemos sido un activo motor.
Un acuerdo que reafirma y refuerza el sindicalismo internacional y local aportando un nuevo instrumento de trabajo, dirigido a garantizar los derechos del trabajo en los aproximadamente 1.500 proveedores que trabajan en la producción de prendas comercializadas por esta multinacional gallega, convertida ya en la primera empresa distribuidora de ropa en el mundo, y que ocupan a unos 700.000 trabajadores de unos 30 países.
El valor del Acuerdo Marco Internacional suscrito en 2007 entre la Federación Sindical Internacional e Inditex, reforzado por el Protocolo firmado el pasado 4 de Mayo, no solamente fue el primero, y aún el único, en los sectores de la industria de la moda, sino también el primero en el conjunto de los Acuerdos Marcos entre empresas y sindicatos firmados hasta hoy, en el que se incorpora explícitamente toda su cadena de producción (proveedores, contratas y subcontratas) al espacio en el que se aplican los compromisos de Responsabilidad Social.
Con el protocolo ahora firmado con Inditex, no solo se afirma la plena aplicación de los derechos del trabajo en toda la cadena de producción sino - y esto es lo más importante- se concreta cómo hacerlo: se establece el seguimiento anual de la evolución de la cadena industrial y se asegura el acceso sindical a los centros de trabajo de cualquier país del mundo, se concreta el acceso a los programas de auditorías, se define cómo abordar y corregir los incumplimientos detectados, y se programan planes de formación en relación con los derechos del trabajo, dirigidos a trabajadores y sindicalistas, pero también a los directivos de las empresas.
Y esos derechos de intervención se establecen para toda la estructura sindical de la propia cadena de producción, es decir desde los sindicatos locales de cada país hasta las estructuras regionales de la Federación Sindical Mundial y la propia dirección de ésta, que es quien asume además la responsabilidad de dirección y coordinación de todo el proceso. Todo ello supone una nueva y muy rica aportación sindical desde los sectores del textil-confección a la nueva Federación Sindical Mundial de la Industria.
Es una buena noticia -y también un serio reto- para la futura Federación Internacional de Industria y también para cada uno de los sindicatos de la treintena de países a los que la aplicación y desarrollo de este Acuerdo Marco aporta un valioso instrumento de información y control de las condiciones de trabajo en los más de 1500 proveedores , y garantía para defender y proteger los Derechos Humanos y Laborales Fundamentales de los cientos de miles de personas que en ellos trabajan.
Un nuevo paso que ejemplifica cómo CC.OO. entendemos en la práctica la acción sindical internacional y, con ello, la efectiva solidaridad internacionalista desde la acción sindical diaria, que es lo que da sentido al noble y necesario compromiso que los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo adquirimos en la militancia sindical por los derechos del trabajo.
Lecciones tributarias de la crisis: hay vida
Alberto del Pozo Sen | Economista, miembro de Economistas frente a la Crisis y del colectivo Líneas Rojas
nuevatribuna.es | Actualizado 08 Mayo 2012 - 22:58 h.
Las drásticas medidas presupuestarias que está adoptando el gobierno del Partido Popular han generado un notable debate público. Sin duda, los ciudadanos son conscientes de que políticamente se está dirimiendo algo más que la forma de salir de la crisis, que es la conformación de las bases y capacidades de nuestro modelo de desarrollo económico y de bienestar social para los próximos treinta años. Y en este escenario, los impuestos han cobrado importancia desde el primer momento. Ya en su segundo Consejo de Ministros, el Gobierno abordó un paquete de medidas para elevar la recaudación, entre las que sobresalían el aumento de tipos en el IRPF (para rentas del trabajo y del capital) y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Con ello, incumplía uno de sus compromisos electorales básicos (no subir impuestos), algo que después ha convertido en una práctica habitual; pero es ese es otro tema.
Desde entonces se han adoptado otras iniciativas tributarias muy relevantes, como la reducción de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, un aumento de tasas y del impuesto sobre el tabaco, o una sangrante amnistía fiscal previo peaje de una mínima contribución (del 8-10%). Y hace unos días el Ministro de Economía nos anunciaba, con una retórica vergonzante, que en 2013 subirán el IVA (otro compromiso roto) y quizá rebajen las cotizaciones sociales.
El objeto de estas notas no es analizar estas actuaciones, sino señalar tres conclusiones que se pueden extraer tanto de la adopción de esas medidas tributarias en nuestro país como de las propuestas que se están realizando en algunos países de nuestro entorno, y que pueden servir para centrar el debate sobre la política tributaria, desnudando algunos tabúes que han marcado trágicamente la práctica política en esta materia en los últimos veinte años, con gobiernos de distinto signo político.
La primera constatación es que las necesidades financieras derivadas de la crisis han reabierto bruscamente el campo de maniobra de la política fiscal, de modo que muchas actuaciones que hasta ahora se nos presentaban vedadas, resulta que no solo son posibles, sino que se han tornado urgentes. No se podía (nos decían) elevar los tipos marginales del IRPF, porque desincentivaría el trabajo y se podían alcanzar niveles incluso considerados confiscatorios; ahora se ha subido el tipo máximo siete puntos, hasta el 52%. No se podía elevar la tributación de las rentas del capital, porque al ser un factor completamente móvil, huiría para tributar en otros países con fiscalidad más favorable; y se ha elevado el tipo máximo 6 puntos, hasta el 27%. No se podían reducir las deducciones del Impuesto sobre Sociedades (aumentando en consecuencia el tipo efectivo pagado), porque además de desincentivar la actividad, provocaría deslocalizaciones en masa; y se han eliminado o limitado severamente varias, dos de ellas muy importantes, como son la de gastos financieros y la libertad de amortización. No se podía establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, por la misma razón de volatilidad del capital; hoy, con distintas concreciones, es una propuesta firme en muchos países de la eurozona y en la propia Comisión. No se podía mantener un impuesto sobre el patrimonio o la riqueza, porque suponía gravar dos veces la misma renta y castigaba a los inversores; pero el PSOE defiende ya con determinación una figura así, como sucede en Francia o EEUU. Hay, qué duda cabe, nuevas reglas de juego; mejor dicho, son las mismas, pero nos han devuelto las cartas que algunos se guardaban en la manga.
La segunda observación es que, cuando las circunstancias han requerido una mayor recaudación tributaria, lo que se ha hecho ha sido subir los impuestos, y no bajarlos. Aunque pueda parecer una obviedad para los más juiciosos, es algo destacable, porque durante mucho tiempo algunos economistas y políticos han defendido apasionadamente que para elevar los ingresos lo que había que hacer era bajar los impuestos, porque esto provocaría un aumento de las bases imponibles (más contribuyentes y más rentas declaradas) y consecuentemente una mayor recaudación. Pero cuando han venido mal dadas, resulta que todo el mundo ha abandonado a la carrera estas simplistas (y dañinas) tesis lafferianas y han pasado a defender y aplicar aumentos de tributación, como indica la racionalidad y la práctica económicas. Y el primero, el gobierno del PP, muchos de cuyos miembros (entre otros, el actual Ministro de Hacienda) han sido fervientes valedores del absurdo “reduce impuestos y recaudarás más”. Lo positivo de este cambio es que se recupera la sensatez económica en esta materia, esperemos que para siempre; lo penoso es que deja al descubierto que durante muchos años nos han vendido humo conscientemente.
La tercera reflexión es que la política fiscal y tributaria constituye un campo de juego de intereses de primer orden, y que las distintas opciones prácticas reflejan de forma muy visible ante los ciudadanos el modelo de desarrollo socioeconómico por el que apuesta un proyecto político. Durante años, gobiernos de uno y otro color han promovido un vaciamiento de las funciones recaudatorias y redistributivas de los impuestos, priorizando otros objetivos importantes pero tradicionalmente subordinados, como la neutralidad o la eficiencia económica. Los impuestos determinan quién y en qué medida contribuye al sostenimiento de los gastos públicos, lo que supone una de las expresiones más transparentes de la justicia social. Pues bien, uno de los errores básicos de la socialdemocracia en general y del PSOE en particular fue abandonar una visión de la fiscalidad progresista, que no renuncie a sus funciones redistributivas, y que sitúe la generalidad, la progresividad y la suficiencia recaudatoria como valores centrales. Mensajes como “bajar impuestos es de izquierdas” o “la redistribución debe hacerse vía gasto y no de impuestos” han sido muy nocivos y han contribuido a erosionar decisivamente la credibilidad del proyecto de izquierda que representa en nuestro país el Partido Socialista.
Las últimas propuestas del PSOE y las tendencias que se observan en Europa y EEUU están en la buena línea, pero apenas suponen el primer andamio de una construcción que está por definir y que urge, a la socialdemocracia y a la sociedad: un sistema tributario más potente, más eficiente y, sobre todo, más justo. Es posible.Cayo Lara remite una carta a Rajoy para mantener una reunión y exponerle personalmente su propuesta sobre un plan de choque para crear empleo
miércoles, 9 de mayo de 2012
QUIÉNES SON LOS MERCADOS Y CÓMO NOS GOBIERNAN
Tomemos las calles el 12M
Llamamiento internacional y Manifiesto del grupo internacional de coordinación del 12M
Más información
martes, 8 de mayo de 2012
Jóvenes sin plan de rescate
I Jornada de Joves de CCOO del Vallès Occidental
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Austeridad o crecimiento, una alternativa que no resuelve los problemas de Europa
07 may 2012 | DIARIO PÚBLICO
Juan Torres LópezCatedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Las políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo son un fracaso sin paliativos: han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda, las asimetrías y el paro, están destruyendo la cohesión social de Europa y derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas, destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión, producen un alejamiento, quién sabe si definitivo, entre la población y las autoridades políticas, y están dando alas a la extrema derecha fascista y neonazi que los banqueros y grandes industriales siempre han azuzado en épocas de crisis.
No hay ninguna experiencia histórica ni evidencia empírica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la que estamos (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menos gasto, de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo lleva a la depresión y al desastre.
La ceguera ideológica de las autoridades políticas y de los economistas que marcan el camino les impide reconocer esta realidad. Y su sumisión a los poderes financieros (solo interesados ahora en aprovechar la crisis para acrecentar sus privilegios) les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder ya omnímodo que está liquidando a las de por sí débiles democracias que se permite el capitalismo de nuestra época.
Los recortes en educación, investigación, innovación, en infraestructuras vitales y en prestaciones sociales solo van a traer años de atraso y una inestabilidad social de terribles precedentes en Europa.
Tan rotunda es la evidencia de todo ello, que desde hace semanas se empezaron a abrir grietas en los bloques políticos dominantes y a filtrarse la idea de que es imprescindible poner fin a esta barbaridad política y económica. La presión de movimientos sociales, de economistas críticos o incluso de las personalidades más sensatas del propio establishment ha contribuido decisivamente a ello y la victoria del socialista Hollande en las elecciones francesas posiblemente sea lo que definitivamente obligue a poner en cuestión las políticas de austeridad.
Pero la alternativa que se está difundiendo frente a ellas es insuficiente e inadecuada: la del crecimiento. Una estrategia que ya ha demostrado que puede ser muy perversa y poco útil si no se matiza claramente lo que implica y a dónde queremos que nos conduzca.
Frenar los recortes de gasto público y en general todas las políticas de austeridad que están impidiendo que se regenere el privado y se recobre el pulso económico es una precondición indispensable para que en Europa se vuelva a crear empleo y para garantizar estándares mínimos de bienestar y protección a toda la población. Pero se trata solo de una precondición para evitar el desastre. Para conseguir que no vuelva a producirse otra crisis mayor y con peores perturbaciones y daños que los que ahora estamos sufriendo hacen falta más cosas.
No basta con hacer que crezca el Producto Interior Bruto de cualquier forma ni con inyectar más dinero aún de cualquier modo.
Aunque la crisis se desencadenó en su superficie por la desregulación financiera y por las estafas continuadas que cientos de bancos llevaron a cabo con la anuencia de las autoridades, sus causas profundas (las que la hicieron sistémica) y las que volverán a provocarla de nuevo si no se resuelven, son otras: la gran desigualdad que deriva rentas sin cesar a la especulación financiera, la utilización intensiva y despilfarradora de recursos naturales y energía que rompe la armonía básica y los equilibrios imprescindibles entre la sociedad y la naturaleza, y una progresiva degeneración del trabajo que empobrece a la población y al tejido empresarial y que frena la innovación y el incremento de la productividad.
Sin afrontar todo eso, promover de nuevo el crecimiento del producto interior “a lo bruto”, a base de gasto público e inyectando recursos para la creación de más infraestructuras y para la provisión de más servicios públicos puede frenar la deriva a la depresión en la que nos encontramos, como ya ocurrió con los planes de estímulo, pero será sin duda ago insuficiente y que terminaría provocando problemas aún más graves que los que tenemos.
El crecimiento entendido como un objetivo en sí mismo, sin más matizaciones, medido a través de un indicador tan perverso como el PIB y sin tener en cuenta los costes sociales, ambientales y antropológicos que lleva asociados, favorece la acumulación y volverá a dar buenos beneficios a ciertas ramas del capital, además de generar algo más de empleo y bienestar. Pero, en esas condiciones, éstos últimos no serán los suficientes para alcanzar niveles mínimos de estabilidad y satisfacción social, como demuestra la experiencia vivida en los últimos treinta años, ni con ello se podrá evitar volver a las andadas más pronto que tarde.
Lo que Europa necesita no son planes de crecimiento del PIB sino una estrategia global para la igualdad, el bienestar y la responsabilidad ambiental basada en la promoción de nuevos tipos de actividad, de propiedad y de gestión empresarial, en la generalización del empleo decente, en el uso sostenible de las fuentes de energía y de los recursos naturales que modifique radicalmente el actual modelo de metabolismo socioeconómico, y en la promoción de una ciudadanía democrática, plural, protagónica y cosmopolita. Y también, valga la paradoja, basada en la austeridad pero en lo que ésta tiene de respeto al equilibrio natural y personal y al buen uso de los recursos, y de rechazo al despilfarro; pero no de renuncia a los derechos sociales y a la igualdad, como la entienden los neoliberales.
Y además de ello, son imprescindibles reformas políticas e institucionales que frenen el poder de los grandes grupos oligárquicos y que permitan que las autoridades representativas sean quienes de verdad adopten las decisiones en función de los mandatos de la mayoría social en un marco de una auténtica democracia. Sin crear un auténtico poder público en Europa, sin someter la actuación del Banco Central Europeo a las exigencia de los intereses sociales y sin acabar con su complicidad con los intereses bancarios privados, sin sanear el sistema financiero europeo declarando la financiación de la vida económica como un servicio de interés público esencial, nacionalizando los bancos que no se sometan a él y fomentando nuevos tipos de finanzas descentralizadas y de proximidad, sin disponer de un auténtica hacienda europea y sin replantear el diseño de la unión monetaria, por no mencionar sino las cuestiones más urgentes, Europa seguirá balanceándose irresponsablemente al borde del precipicio y las llamadas al crecimiento solo servirán, si se me permite la expresión, poco más que para marear a la perdiz y engañar otra vez a los pueblos.
La cuestión que hay que poner sobre la mesa en Europa no es si recortamos un poco menos los gastos e inyectamos algo más de recursos a las mismas actividades e infraestructuras de siempre (otra vez carreteras, viviendas, más trenes de alta velocidad… y siempre casi todo en masculino), sino si rompemos o no con el poder de las finanzas privadas y de las grandes corporaciones empresariales y oligárquicas que nos dominan y que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos.