Héctor Illueca
Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Adoración Guamán
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
La crisis económica que afecta a nuestro país y las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) están provocando una fractura social cada vez más evidente. La ciudadanía observa atónita la degradación de la vida cotidiana y la tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados del país. Como no podía ser de otra forma, el creciente deterioro de las condiciones materiales de una cada vez más amplia mayoría social llega acompañado de gravísimos escándalos de corrupción que salpican al conjunto de las élites políticas y económicas, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la injusticia y la desigualdad.
En este contexto, el sueño de la integración europea ha devenido una pesadilla que impone un duro presente y nos condena a un porvenir sombrío. De una forma intencionada, se ha ofrecido a la ciudadanía una imagen falsa, ideológica e idílica de la hoy denominada Unión Europea, utilizando los medios de comunicación para proyectar una visión mítica y alejada de la realidad: una Unión Europea completamente ajena a los principios de cohesión y colaboración solidarios, que se ha convertido en una suerte de reserva de caza alemana en la que las economías fuertes explotan sus ventajas económicas y comerciales para aplastar a las débiles. Una Unión Europea gobernada por la ley de la selva.
Sin embargo, la gravedad de la situación económica y la caída del velo del bienestar individual hacen que comience a abrirse paso entre los habitantes de la periferia la idea de ser víctimas de una nueva colonización. Cada vez es más difícil ocultar que la implantación del euro ha generado una relación centro-periferia en el seno de la Unión Europea que enfrenta al Norte central y dominante con el Sur periférico y dominado. Ya no es posible negar que la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como importadores netos de demanda general. Para decirlo claramente y en pocas palabras: la unión económica y monetaria ha permitido que los países centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la cuenca mediterránea. Los países fuertes del centro, como Alemania, Holanda o Finlandia, incrementan su competitividad, conservan su soberanía nacional y financian sus estados de bienestar gracias a la pérdida de la competitividad, la destrucción de la soberanía y desmantelamiento del bienestar de sus compañeros de moneda, la periferia europea.
Los trabajadores del Estado español, junto a los del resto de economías periféricas, se han convertido en una reserva de mano de obra low cost. Como han señalado algunos autores, el proceso de construcción europea ha generado una nueva división internacional del trabajo, alimentando una dinámica colonialista caracterizada por la hegemonía alemana y por la subordinación de las economías periféricas[1]. Esto es lo que explica que las actuaciones estatales de control sobre el mercado y de protección de los derechos sociales estén siendo destruidas al ritmo de los dictados de la unión económica y monetaria. Cuando las exigencias del proceso entran en contradicción con las disposiciones estatales en materia de política social, los Estados periféricos proceden a adaptar sus respectivos sistemas de bienestar, siempre en el sentido de disminuir la protección de los derechos laborales y sociales. El dumping social no sólo no se ha combatido, sino que se ha fomentado, situando la regulación del factor trabajo como elemento de competitividad y desencadenando un feroz darwinismo normativo para reducir los estándares laborales y de protección social.
La nueva división europea del trabajo explica y promueve la progresiva destrucción de los modelos sociales estatales auspiciada por la troika e inmediatamente perceptible en dos ámbitos fundamentales: la flexibilización de los mercados de trabajo (en concreto, mediante la rebaja de la tutela de la estabilidad en el empleo y la devaluación del coste de la mano de obra) y la reducción de la protección social, en particular de los sistemas de Seguridad Social (reducción de la cuantía de la pensión de jubilación, reforma sanitaria, etc.). Su influencia se advierte igualmente en la reforma educativa del Ministro Wert, también auspiciada por las instituciones europeas, que orienta el sistema educativo hacia la preparación de mano de obra barata, provista de los conocimientos indispensables para desenvolverse adecuadamente en el mercado laboral basura que caracteriza a los países subdesarrollados. La posición dependiente y periférica de nuestra economía en el esquema europeo es radicalmente incompatible con la existencia de pensiones públicas, la educación y la sanidad públicas y un mercado laboral medianamente digno.
Al aceptar los dictados de la troika, las clases dirigentes de los países periféricos asumen su incapacidad de afrontar un camino independiente para sus respectivos países y sellan una relación de subordinación y dependencia semejante a la que se produce en el proceso de colonización clásico, caracterizado por la desposesión sistemática de las economías periféricas y la sobreexplotación de sus trabajadores. No debemos olvidar que son las clases dirigentes de los diferentes Estados miembros las que han construido y abonado este modelo de Unión Europea, bajo cuya intocable legitimidad han resguardado las más impopulares y duras reformas. La posibilidad de socavar la posición negociadora de los sindicatos abonó la traicionera connivencia de las élites de los países deficitarios, alimentando una alianza sólida y estable con la burguesía alemana para imponer un nuevo orden político-social a escala europea.
En este contexto, no deja de sorprender que determinados sectores de la izquierda española y europea insistan en reformar la eurozona como solución a la actual situación de emergencia social y económica. Con cierto aire panglossiano, invocando la necesidad de “más Europa”, se critica la fragmentación de la política fiscal y se denuncia la actuación de un BCE dispuesto a proporcionar abundante liquidez a los bancos mientras abandona a los Estados endeudados que soportan los ataques especulativos. Como propuesta política, se reclama la abolición del Pacto de Estabilidad, la creación de una autoridad fiscal y la modificación de los estatutos del BCE para que pueda conceder préstamos a los Estados que atraviesan por dificultades. En un arrebato de ingenuidad, incluso llega a hablarse de un “euro bueno” en el que podría establecerse un salario mínimo europeo para reducir los diferenciales de competitividad entre los países.
Se trata de una quimera que ha paralizado durante décadas a buena parte de la izquierda y del movimiento sindical y que bloquea la construcción de una alternativa al servicio de las clases populares de nuestro país. La zona euro carece de un estado único europeo y no hay ninguna expectativa de que pueda crearse uno en un futuro cercano. La unificación de la política fiscal supondría una completa reestructuración de la soberanía en toda la Unión Europea, construida a partir de una rigurosa jerarquía de estados y un cuidadoso cálculo de intereses nacionales, y precisaría un consenso que no va a producirse. Cualquier reforma posible debería respetar la jerarquía de poder existente, caracterizada por el dominio de los países de la zona central y muy especialmente de Alemania. Por expresar la idea con mayor precisión, el euro ha sido el medio utilizado para forjar la hegemonía del capital alemán, que se impone inexorablemente en el escenario europeo y que impide la posibilidad de realización de un programa que atienda a las necesidades de las mayorías sociales.
En nuestra opinión, cualquier agenda política que pretenda romper realmente con el neoliberalismo, incluso en un sentido reformista, debe plantearse en serio la salida del euro y enfrentarse a la Unión Europea como tal. Como ha señalado Costas Lapavitsas[2], la única salida progresista para nuestro pueblo consiste en abandonar de la zona euro y recuperar el control de la soberanía, en el marco de un desplazamiento radical del poder económico y social hacia el Trabajo. Una estrategia que empieza con el impago de la deuda soberana y se amplía a una salida del euro que permita a nuestro país escapar del cataclismo de la devaluación interna impuesta por la Unión Europea. Nuestro país tiene futuro, pero un futuro digno pasa necesariamente por romper con esta Europa y con las instituciones de esta Europa.
