COMPARACIONES
Como es de sobra conocido vivimos unos tiempos en los que el grueso de los medios de comunicación afines a la derecha –lo son casi todos- y unos cuantos tertulianos se dedican de vez en cuando a denigrar a los sindicatos. De entre los variados argumentos que utilizan cabe citar, por ejemplo, que sólo se preocupan de sus afiliados; que viven a cuenta de los recursos del Estado; que disponen de una impresentable cifra de “liberados”, etc., etc. Pues bien, cuando se contrasta todo esto con la realidad y, sobre todo, cuando se compara lo que aquí les ocurre a los sindicatos con el tratamiento que reciben en distintos países de la Unión Europea, el resultado debería servir, como poco, para que esos intentos de deslegitimación cesaran de forma radical.
Hay un trabajo de recopilación de datos, realizado por el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, Pere J. Beneyto, quien utilizando fuentes de la Comisión Europea, de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, y algunas otras permite hacerse idea de las diferencias que, también en estas materias, nos separan de nuestro entorno próximo. Partiendo de la situación en España se puede destacar, por ejemplo, que aquí se han venido negociando cada año entre cinco y seis mil convenios colectivos y una cantidad considerable de acuerdos de empresa. Gracias a los convenios se regulan por encima de los niveles legislativos básicos las condiciones laborales de más del 70 por 100 de los asalariados. Los afiliados a los sindicatos son, aproximadamente, el 18 por 100. En otras palabras, tres de cada cuatro trabajadores disponen de forma gratuita de una cobertura laboral protectora proporcionada fundamentalmente por los sindicatos. Tampoco está de más recordar que la mayor parte de las grandes movilizaciones a lo largo de nuestros casi cuarenta años de democracia –las huelgas generales, entre otras- lo fueron a favor de los pensionistas, contra los contratos-basura para los jóvenes, contra los recortes a los desempleados, contra la precariedad laboral y en defensa del empleo.... En suma, casi siempre a favor de colectivos con muy escasa afiliación a los sindicatos. Todo ello, claro está, les cuesta a éstos bastante dinero. ¿Es eso preocuparse sólo por los que pagan una cuota mensual a las centrales sindicales?
Si se compara la citada gratuidad con lo que ocurre, por ejemplo, en Italia, donde la que llaman “cuota de servicio” por convenio colectivo a cargo de la empresa, que se cifra en 30 euros por trabajador afiliado y en 60 euros por el no afiliado, y que se les transfiere a los sindicatos firmantes del acuerdo, se comprenderá que aquí estamos en mantillas. Porque lo que se consigna en los Presupuestos del Estado por la función constitucional de “defensa y promoción de los intereses que les son propios” es del orden de sesenta céntimos de euro por cada trabajador cubierto por un convenio colectivo. Los ejemplos son abundantes. El caso de Francia es significativo: allí se ha creado un fondo paritario con aportaciones de las empresas –entre el 0,014 y el 0,020 por ciento de su masa salarial, en un país donde los costes laborales medios superan los 4.000 euros mensuales-. El Estado aporta idéntica cantidad y la suma de ambos conceptos se utiliza para financiar a los sindicatos. De ahí que en sus presupuestos el 31 por 100 les llega por cotizaciones y el 44 por ciento por subvenciones públicas.
La Encuesta Europea de Empresas, de 2013, señala que la tasa de cobertura en el mundo laboral por parte de los representantes sindicales es en España del 57 por 100. La media europea es del 32 por 100. Obvio que el desarrollo sindical es muy desigual entre unos y otros países. Pero lo cierto es que nosotros doblamos esa media europea y, sin embargo, recibimos la mitad de los recursos materiales, formativos y de tiempo que en Europa se reciben para el ejercicio de las funciones de dichos representantes.
En lo que se refiere al tema de los liberados –no confundir este término con el de los delegados sindicales en las empresas- hay casos como el de Suecia, que con poco más de cuatro millones de asalariados tiene, por una parte, unos 375.000 delegados sindicales y, por otra parte, en las empresas grandes dispone de quince liberados por cada mil trabajadores. En Italia hay dieciocho mil liberados en una población asalariada de unos diecisiete millones. En España, con unos trece millones de asalariados tenemos casi cuatro veces menos: alrededor de cinco mil. Resumiendo, si se aplicara la proporción media europea en función del número de delegados sindicales –aquí son más de 300.000- tendríamos que disponer del doble de liberados de los que disponemos.
Pienso que lo dicho hasta aquí no necesita de más comentarios.
Julián Ariza Rico
