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Cartell

Bons solidaris pel dia Internacional de la dona

Companys i companyes

el  8 de març es commemora com cada any el dia internacional de la dona, i CCOO que organitza des de fa més de 15 anys  un sopar solidari ens convida a assistir a tots i totes.

El sopar es fa a Sabadell i el tiquet té un preu de 15 Euros. A més si no podeu assistir-hi, podeu comprar bons solidaris d´1 Euro per col·laborar en projectes d´ajuda i desenvolupament d´organitzacions de dones a Hondures.

Per més informació i comprar els tiquets i/o els bons dirigiu-vos al company Sergi Martínez.

Gràcies

Primera entrada del bloc 'Molt a dir, el bloc d'Enrique Rodríguez'

http://moltadir.blogspot.com.es/2013/02/la-movilizacion-siempre-da-frutos.html

PLATAFORMA REIVINDICATIVA PER AL I CONVENI GENERAL DEL METALL DE CATALUNYA

PLATAFORMA REIVINDICATIVA PER AL
I CONVENI GENERAL DEL METALL DE CATALUNYA



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¿Para qué sirven las privatizaciones?

Publicado en Sistema Digital el 31 de enero de 2013
Las políticas neoliberales se presentan casi siempre revestidas de argumentaciones sofisticadas y bien difundidas gracias a la generosa financiación de los grandes grupos financieros y empresariales a grupos mediáticos y de investigación, a académicos, economistas y periodistas que se encargan de crear opinión favorable a las medidas que toman los gobiernos. Sin embargo, las evidencias empíricas que pudieran demostrar la veracidad de esos argumentos con prácticamente nulas en casi todos los casos. En estos momentos estamos sufriendo una nueva amenaza al bienestar social y a la eficiencia económica que igualmente se trata de justificar como imprescindible y positiva con argumentos que una vez más carecen de fundamento y realismo.

Me refiero a la nueva fase del proceso privatizador que en España comenzó a mediados de los años ochenta del pasado siglo, que ha ido dejando unas secuelas lamentables en nuestra economía y que ahora se dirige hacia servicios públicos esenciales en el sector sanitario y educativo.
De 1984 a 1996 se llevaron a cabo unas 70 operaciones de privatización de empresas públicas mediante distintos tipos de procedimientos, generalmente orientadas a abrir su capital a los intereses privados y casi siempre justificadas por la necesidad de ajustarse a lo establecido en las normas y directivas de la Unión Europea, a la que nos incorporábamos en esos años.
Más tarde, y hasta el final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se entró en una segunda fase, muy distinta, más radical y orientada a desmantelar la práctica totalidad del sector público empresarial español para ponerlo en manos del capital privado. Y ahora, como he dicho, se trata de hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas.
Esto último era algo difícil de justificar en años anteriores, dado el alto aprecio que la población tiene por esos servicios, pero ahora se puede utilizar la crisis y los problemas de la deuda pública para argumentar que es algo imprescindible para resolverlos.
Este argumento se une a los que siempre se han dado para llevar a cabo las privatizaciones: que hay que acatar las normas europeas, que es imprescindible vender para proporcionar recursos al Estado y que, además, al hacerlo se dispondría de los mismos bienes o servicios a menor precio y con mayor calidad y eficacia.
Los medios de comunicación e incluso muchas revistas académicas están llenas de textos dirigidos a justificar y desarrollar estas tres ideas pero, como señalé al principio, la evidencia empírica muestra claramente que no tienen mucho fundamento y que no reflejan la realidad de lo que sucede cuando se privatizan empresas o servicios públicos.
Es verdad que la Unión Europea ha impuesto un adelgazamiento del sector público (con el mismo objetivo que en España) pero no lo es menos que aquí se ha llegado más lejos innecesariamente, con el único propósito de satisfacer en mayor medida a los grupos privados interesados en quedarse con la antigua propiedad pública.
Buena prueba de ello es que en otros países aún perviven empresas públicas en sectores estratégicos que en
España han sido desmantelados.
Tampoco es verdad que las privatizaciones sean una fuente de ingresos netos para los Estados. Son, por el
contrario, un negocio ruinoso. Las que se llevaron a cabo de 1984 a 1996 reportaron un total aproximado de 13.200 millones de euros, y las que se realizaron de este último año a 2007, unos 30.000 millones. La prueba de que fueron operaciones nefastas para los intereses del conjunto de la sociedad española es que solo cuatro empresas en su día privatizadas (Telefónica, Gas Natural, Endesa y Repsol) obtuvieron en un solo año, 2011, unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros, y todas las de energía y telecomunicación más de 12.000. Si a ello se le suman los que hubieran proporcionado los antiguos bancos públicos y las demás empresas privatizadas, es fácil deducir que lo que ha producido su traspaso a manos privadas es una extraordinaria merma en los ingresos del Estado.
Finalmente, tampoco es cierto que la privatización haya generado más competencia. En realidad, se ha
reproducido el mismo mercado de carácter oligopolista, ineficiente y caldo de cultivo de grandes acuerdos para imponer precios a los consumidores. La prueba la tienen mes a mes todos los españoles cuando pagan las tarifas que suelen estar entre las más elevadas de toda Europa.
Y tampoco es cierto que la privatización vaya acompañada de mejor calidad en el servicio. Por el contrario,
diversos estudios han demostrado que las política de privatizaciones están asociadas al aumento de la mortalidad por abuso de alcohol, enfermedades cardiovasculares, suicidios y homicidios, especialmente entre hombres. Y está bien demostrado que llevan consigo la disminución del número de médicos, dentistas y de camas cuando se llevan a cabo en el sector hospitalario.
Los estudios empíricos que se han llevado a cabo en España, como el de las profesoras Laura Cabeza y Silvia Gómez Ansón, demuestran que las antiguas empresas públicas no han registrado “mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo” después de haber sido privatizadas (“Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial”, ‘Estudios de economía aplicada’, vol. 27-2, 2009, p.20).
Los resultados de las privatizaciones han sido simplemente el beneficio de los grupos privados que adquirieron la propiedad pública a bajo precio. No hay rentabilidad social en ellas y en realidad constituyen un vergonzoso expolio al conjunto de la sociedad. Por eso urge que en España se lleve a cabo una  investigación profunda de las privatizaciones realizadas, de las condiciones en que se efectuaron, de sus beneficiarios y de lo que éstos dieron a cambio a quienes las aprobaron y ejecutaron, que no ha sido poco, como puede comprobarse casi a diario cuando se tienen noticias de la corrupción tan generalizada en los partidos que las impulsaron. Ningún robo debe quedar impune y es un elemental deber de ejercicio democrático que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho con su patrimonio, así como castigar a los culpables de su dilapidación en manos de grupos privados amigos.

S&P sitúa la calificación de Cirsa en B+ con perspectiva negativa

28/01/2013 EFE

Barcelona, 28 ene (EFECOM).- Standard & Poor's (S&P) ha mantenido en B+ la calificación del crédito corporativo a largo plazo de la multinacional del juego Cirsa, aunque podría revisar a la baja este 'rating' en función de la evolución política y económica de Argentina, uno de sus principales mercados.

S&P ha asignado la nota B+ tanto a la deuda de Cirsa, la compañía del sector del juego líder en España, como a su propuesta de emisión de bonos de 100 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

La firma entiende que Cirsa, que tiene su sede en Tarrasa (Barcelona), utilizaría unos 70 de estos millones para refinanciar su deuda, mientras que podría destinar los 30 restantes a realizar operaciones corporativas, como pequeñas adquisiciones.

A pesar de ello, S&P considera que el nivel de liquidez de Cirsa es "menor del adecuado" y que su perfil empresarial es "débil", debido, en parte, a los riesgos políticos existentes en América Latina y, en particular, en Argentina, donde la compañía catalana genera aproximadamente el 22 % de su ebitda (beneficio bruto de explotación).

A la situación en Argentina se suma la debilidad de las economías de España e Italia, países que representan el 24 y el 12 % del ebitda de Cirsa, respectivamente.

Ante este escenario, S&P sitúa el rating de Cirsa en B+, pero con perspectiva negativa, dado que cualquier deterioro económico o político en Argentina podría afectar a las cuentas de la empresa española en los próximos meses.

Una posible devaluación del peso argentino o un posible aumento del riesgo de nacionalización de empresas del sector del juego en el país latinoamericano podrían llevar a S&P a rebajar la calificación de Cirsa.

Afíliate! No tienes excusa!

En los tiempos que corren tenemos que estar más unidos que nunca y hacer toda la fuerza posible. Algunos dicen que por suerte (pero nosotros afirmamos que es por el esfuerzo de un comité que lleva trabajando media vida en la empresa por los derechos de tod@s) tenemos muchas ventajas frente a afiliad@s de otras empresas como pueden ser las bajas al 100% desde el primer día, prejubilaciones pactadas a los 61 años con el 100%, un calendario muy elaborado y en ocasiones muy luchado, una flexibilidad horaria que otros desearían, etc...
Todo ésto no sería posible sin un grupo humano de afiliad@s detrás de un comité fuerte que lucha por obtener cada vez más mejoras en el ámbito laboral y en el personal; por eso: ¡Afíliate!, únete a nuestra lucha y a mantener éstos privilegios que tanto luchamos los demás y de los cuales se benefician tanto los trabajadorxs afiliados como los que no lo son. Sé solidario.
Las cuotas de afiliación se han congelado en 2013 para que paguemos el mismo precio que en 2012. Hablamos de defender tus derechos y los de tus compañer@s por algo más de 30 céntimos de €uro al día! (exactamente y calculando a 30 días naturales, 37 céntimos de €uro).

Piensa que por menos de la mitad del precio de un café (ejemplo que le gusta mucho a los políticos) estarás defendiendo tus derechos y los de tus compañer@s!!!

ÚNETE A LA LUCHA! AHORA MÁS QUE NUNCA!

AFÍLIATE!!!

Qué hacer con la corrupción

Hay que regular a los partidos políticos desde fuera, como en Alemania

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ YAÑEZ / CÉSAR MOLINAS

El funcionamiento de los seres vivos, de los motores de explosión y de los organismos sociales produce, inevitablemente, residuos tóxicos que se deben eliminar. Si no se hace, sobrevienen la muerte y la descomposición. De ahí la existencia de los riñones, de los tubos de escape y de la regulación de los partidos políticos, por ejemplo.

En todos los sistemas políticos hay corrupción: es tan consustancial con la política como el monóxido de carbono con el automóvil. Por ello, en las democracias avanzadas, existen leyes que regulan la actividad interna de los partidos políticos. Esta regulación impone los mecanismos de reciclaje de toxinas que permiten que la democracia siga funcionando de manera saludable. El nivel insoportable que ha alcanzado la corrupción política en España se debe a la ausencia de reciclaje de los residuos tóxicos que generan nuestros partidos. La democracia española es como un cuerpo sin riñones o un coche sin tubo de escape.

La ley española de partidos políticos está vacía de contenido y permite que, en la práctica, los partidos se autorregulen. Esto es una anomalía gravísima e insólita en las democracias avanzadas. Los partidos políticos no deben autorregularse porque son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y se financian con recursos públicos. Este reconocimiento no debe darse sin un riguroso control legal para evitar que los partidos acaben, como en España, convirtiéndose en élites extractivas. En Alemania, por ejemplo, la ley obliga a los partidos a celebrar congresos bienales, a que los delegados en estos congresos sean elegidos por votación secreta entre los militantes, a que los candidatos a cargos electos sean elegidos en primarias, a someterse a auditorías externas… El sistema genera competencia entre los dirigentes y los candidatos a serlo. Como no puede ser de otra manera, los mecanismos de reciclaje de residuos son la democracia interna, la transparencia y la competencia. ¿Hay corrupción política en Alemania? Por supuesto que la hay, pero los mecanismos legales previstos evitan una espiral degenerativa y contagiosa como la española. La corrupción puede llegar al tobillo, pero el drenaje impide que llegue al cuello.

No hay que esperar que el sistema actual se regenere de manera endógena

En España los congresos los convocan las direcciones partidarias cuando les conviene, los candidatos son nombrados por cooptación, gran parte de los afiliados son cargos públicos o allegados, las auditorías las hace el Tribunal de Cuentas —cuyos miembros son nombrados por los partidos— con años de retraso… ¿Por qué no hay sistemas de dragado de residuos en la política española? Porque en la Transición se decidió potenciar la estabilidad de los partidos cediendo un poder casi ilimitado a sus cúpulas dirigentes. Pesaba mucho el recuerdo de la inestabilidad política durante la II República y se confiaba en que partidos estables dieran lugar a una democracia estable. Además, se creía que este tipo de partidos era una garantía de unidad política ante el proceso descentralizador del Estado de las Autonomías. Hoy hay que reconsiderar esa decisión, porque el precio que se ha pagado por ella ha sido excesivo.

La falta de competencia interna y de control externo en los partidos españoles ha tenido dos consecuencias. Primera, una corrupción a la que no es posible poner límites y que tiene efectos cancerígenos. No se trata de cargos cometiendo delitos o de partidos buscando dinero extra. Se trata de empleados y políticos integrados en los aparatos que los utilizan para enriquecerse sin control o para conseguir ingresos adicionales escapando al control de Hacienda. De la corrupción individual se ha pasado a una fase institucional. La segunda consecuencia ha sido la degeneración de la competencia técnica y capacidad de liderazgo de nuestros políticos, cooptados en base a su fidelidad a las cúpulas en cada vuelta del torno electoral con grave detrimento de su iniciativa e independencia de pensamiento, pese a la supervivencia en los engranajes partidarios de muchas personas capaces y honestas.

¿Qué hacer? No hay que esperar que el sistema actual se regenere de manera endógena. No lo hará. Y la solución no pasa por más fiscalía y más tribunales. Eso es necesario, pero insuficiente. Hay que regular a los partidos españoles desde fuera, como en Alemania. Hace falta una nueva ley de partidos políticos que imponga la democracia interna y la transparencia, es decir, que obligue a tener mecanismos de reciclaje de residuos tóxicos. Esto es lo último que hará una élite extractiva porque vive de la opacidad y de la cooptación. La reforma habrá que hacerla contra la resistencia numantina de las élites partidarias, que antes prefieren pasar por el juzgado de vez en cuando que someterse a controles externos. Es necesario un amplio movimiento ciudadano para exigir una Ley de Partidos como la alemana, que imponga congresos periódicos, que obligue a que los delegados se elijan por sufragio secreto entre la militancia, que obligue a hacer primarias para elegir a todos los candidatos a cargos representativos, y que obligue a auditorías externas independientes. Se tendría que recoger firmas para llevar una propuesta de ley en este sentido al Congreso de los Diputados. ¿Quién se va a oponer públicamente?

[José Antonio Gómez Yáñez y César Molinas son politólogos.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 21 de enero de 2013

Este artículo cuestiona los mitos que se reproducen en la sabiduría convencional económica, mitos que están guiando las políticas económicas de gran número de gobiernos de los países de la Eurozona tales como España, incluyendo Cataluña.

Hay pruebas más que suficientes, acumuladas durante estos años de crisis, de que algunos de los supuestos del pensamiento económico dominante son erróneos. Entre estos supuestos destacan los siguientes:

1. Hace falta recortar el gasto público, incluido el gasto público social, para reducir el déficit y así recuperar la confianza de los mercados. La evidencia muestra que estos recortes (su intensidad y rapidez) han sido contraproducentes, y han contribuido al descenso de la demanda y a la disminución del crecimiento económico. Incluso el FMI lo ha reconocido.

2. Hace falta bajar los salarios para aumentar la competitividad, incrementando las exportaciones, cosa que nos ayudará a salir de la crisis. Otra vez, los datos no avalan esta postura. Los salarios han ido bajando, cosa que ha contribuido al descenso de la demanda y a la desaceleración de la economía. Es más, el incremento de las exportaciones (que ha ocurrido durante la crisis) no ha causado una reavivación de la economía, que continúa estancada, ni tampoco una disminución del paro, que es el problema –no solo social sino también económico- más importante que tiene el país.

3. Las políticas de austeridad son necesarias para salvar el euro. En realidad, el euro nunca ha estado en peligro. Su salud es robusta, incluso excesivamente robusta, ya que es más que probable que esté sobrevalorada, cosa que dificulta la recuperación económica de la eurozona. Las constantes alarmas sobre el hecho de que el euro estaba a punto de caer eran argumentos utilizados para presionar a los gobiernos, sobre todo los de los países periféricos de la eurozona, para adoptar políticas altamente impopulares. En realidad, el capital financiero europeo, y muy especialmente el alemán (que domina el gobierno del euro), se ha beneficiado enormemente de la existencia del euro.

4. La falta de frugalidad y el excesivo gasto público de los países periféricos de la eurozona son los responsables de la crisis del euro. La evidencia muestra que todos estos países tienen estados pobres, con un gasto público –incluyendo el gasto público social- muy bajo, y que su endeudamiento se deba primordialmente a la escasez de ingresos al Estado, una escasez provocada en parte por la regresividad de sus políticas fiscales y el excesivo poder de las fueras conservadoras sobre sus estados. Todos estos estados son poco redistributivos. La prueba de esto es robusta y contundente.

5. Las políticas de austeridad implementadas por los estados son las únicas posibles. Es fácilmente demostrable que esta aseveración no tiene credibilidad. Hay miles de ejemplos de alternativas. El estado español (tanto central como autonómico), en lugar de recortar 6.000 millones de euros en sanidad, podría haber anulado la bajada de impuestos a las grandes empresas financieras, industriales y de servicios, incluyendo también las que ingresan más de 120 millones de euros al año (que representan solo el 0,12% de las empresas en España), y hubiera conseguido una cantidad equivalente; o en vez de recortar 600 millones en los servicios domiciliarios para las personas con dependencia, podría haber recortado las subvenciones a la Iglesia católica por impartir docencia de religión en las escuelas públicas. La evidencia científica muestra que por cada recorte había una alternativa. El hecho de que los recortes se focalizaran en algunos sectores a costa de otros se debe al diferente grado de influencia que tienen los diferentes sectores sociales sobre el estado.

6. La elevada deuda pública de los estados y sus dificultades para vender sus bonos públicos se deben al excesivo gasto de estos estados. Los datos no muestran una relación entre el gasto público, por un lado, y los intereses de la deuda pública, por el otro, o entre el tamaño de la deuda pública y el nivel de los intereses de la deuda pública. La evidencia científica muestra que la causa principal del llamado problema de la deuda pública de estos estados se debe primordialmente a la falta de un banco central que, comprando su deuda pública, los proteja ante la especulación de los mercados financieros. Y esta vulnerabilidad fue impuesta a los estados cuando se estableció un Banco Central Europeo que no es un banco central sino un grupo de presión al servicio de la banca, y muy especialmente de la banca alemana. Esta normativa fue diseñada para debilitar a los estados, y es el resultado del dominio del pensamiento liberal en la construcción de las instituciones que gobiernan el euro.

7. Los problemas de la Eurozona se deben a la falta de liderazgo político. Esta aseveración también tiene poca credibilidad. Hoy el gobierno alemán está alemanizando a la Eurozona, imponiendo a los países de la zona monetaria (con la complicidad de las élites gobernantes) unas políticas de austeridad encaminadas a hacer que estos estados paguen la deuda pública que está en manos de los bancos alemanes, entre otros. Como reconoció Peter Bofinger -economista asesor del gobierno Merkel- en sus comentarios al Parlamento alemán, la ayuda financiera a España era en realidad una ayuda a los bancos alemanes. Hoy el gobierno alemán lidera la Eurozona imponiendo unas políticas que afectan negativamente al bienestar de las clases populares de aquellos países.

8. Las políticas actuales, de rebajas de salarios, recortes de gasto público y debilitamiento de la protección social, nos sacarán de la crisis. Tales políticas, sin embargo, han sido impuestas (ninguna de ellas había constado en los programas electorales de los partidos gobernantes que las llevan a cabo) en todos los países PIIGS y han contribuido más y más a la recesión, pues acentúan la escasez de la demanda, sin cuya reavivación no habrá crecimiento económico y salida de la crisis. Estas políticas han estado siendo aplicadas durante ya más de cuatro años en cada uno de estos países, sin que hayan tenido ningún impacto positivo en la recuperación económica. La evidencia de esto es robusta.

9. La mejor manera de reavivar el crédito es ayudando a la banca. Tal postura ignora que el BCE ha prestado a unos intereses bajísimos (menos del 1%) medio billón de euros (sí, medio billón de euros) a la banca española e italiana desde diciembre del 2011, sin que esto haya tenido ningún impacto (repito, ningún impacto) en la disponibilidad de crédito. La banca ha utilizado este dinero, entre otras cosas, para comprar deuda pública de los países de la Eurozona, y muy en especial de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), que han generado unos intereses altísimos del 6%, 7%, 8% e incluso 12%. No hay, sin embargo, ninguna intervención pública para forzar que la banca de crédito.

(La versión original de este artículo ha sido publicada, en catalán, en el diario ARA)

Revisión de las tablas salariales 2013