Asociaciones
profesionales y culturales preparan la primera “cumbre social”
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El miércoles
nacerá un movimiento reivindicativo que trascenderá a las centrales y a los
partidos.
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El objetivo
es organizar una marcha “sobre Madrid” a mediados de septiembre.
Anabel Díez
Madrid 23 JUL 2012 - 04:57 CET
La iniciativa ha partido de dos líderes sindicales, Cándido
Méndez e Ignacio Fernández Toxo, secretarios generales de UGT y CCOO
respectivamente, pero solo como impulsores ya que quieren trascender la misión,
la tarea y la lógica sindical ortodoxa, para dar cauce organizado al
descontento ciudadano en general y el que concierne a colectivos concretos.
Ambos han dirigido un escrito a ciento veinte personas, la mayoría
representantes de organizaciones, asociaciones y colectivos para convocarles el
miércoles a una reunión que han bautizado “primera cumbre social”. De este
primer encuentro en Madrid se pretende que nazca un movimiento plural con
acciones reivindicativas y que culminarán a mediados de septiembre en “una
marcha sobre Madrid”. Han sido llamados desde la Asociación de Inspectores de
Hacienda hasta la Conferencia de Rectores y profesionales de los distintos
ámbitos de la Cultura.
Será el miércoles en una sede de CCOO en Madrid donde se
espera la asistencia de más de cien personas para que debatan y organicen una
hoja de ruta de “protesta y de resistencia” contra los recortes y medidas del
Gobierno. La diversidad de grupos que han manifestado de palabra y de obra,
acudiendo a las concentraciones, malestar por los ajustes ha movido a los dos
sindicatos mayoritarios a promover un cauce de un movimiento de claro carácter
social, que recuerda a la diversidad de colectivos que se unieron contra la
guerra de Irak.
Por primera vez van juntos CCOO y UGT con el sindicato de
funcionarios CSIF, cuyo líder, Miguel Borra, está en plena sintonía con las dos
grandes centrales. Este ha sido también convocado para la “cumbre social” del
miércoles junto al resto de sindicatos de España. Hasta aquí podría ser lo
habitual en una coyuntura de conflicto laboral, provocado por leyes que los
trabajadores de la empresa privada y los funcionarios y empleados públicos
consideran lesivas para sus derechos. Ahora la situación es diferente por
cuanto que el conjunto de medidas de ajuste hieren a una diversidad de grupos
que no militan ni en sindicatos ni en partidos.
El descontento se ha palpado en estos días de
movilizaciones. Todo empezó el once de julio cuando el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció en el Congreso las medidas de ajuste cuyo alcance se ha
conocido en el transcurso de los días. Desde el primer momento los funcionarios
se echaron a la calle y la culminación de este primer brote de enfado se
comprobó el viernes en las ochenta manifestaciones que hubo en toda España.
Profesionales de la Sanidad, de la Educación, entidades
culturales (arte, cine, escritores, entre otras ), vecinales, y de diferentes
movimientos asociativos quieren expresar su malestar por la respuesta que el
Gobierno da a la crisis. Además, la subida del IVA ha aglutinado a sectores que
ven su actividad en grave peligro. La Hoja de Ruta saldrá de la reunión del
miércoles de esta llamada cumbre social pero en conversaciones preliminares se
ha hablado de la posibilidad de preparar “una marcha sobre Madrid” para
mediados del mes de septiembre.
Aunque el objetivo es difícil la idea inicial es que en
agosto haya acciones de protesta pero de manera muy descentralizada. Los
portavoces informantes señalan que cada comunidad autónoma tendrá su propia
plataforma de manera que las iniciativas tengan sello y personalidad regional y
autonómica. Cada grupo y cada colectivo tendrá la oportunidad de hacer sus
propuestas y ponerlas en común aunque los sindicatos el miércoles recordarán
que sigue vigente su iniciativa de convocar un referéndum sobre las medidas del
Gobierno, aun sin fecha. La carta de convocatoria de esta reunión coincide con
la prima de riesgo disparada a niveles insoportables para pagar los intereses
de la deuda y cuando la comunidad valenciana ha solicitado ser intervenida por
el Estado, por lo que los sindicatos no se atreven a hacer previsiones de qué
es la pregunta que harán a los españoles cuando convoquen su consulta, que
siempre tendrá carácter simbólico.
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